Un juez de Garantías de Quilmes se excusó de intervenir en la causa por la desaparición del joven Lucas Escalante, quien fue visto por última vez en diciembre cuando salió de Florencio Varela junto a su amigo Lautaro Morello, luego asesinado, al asegurar que fue «amenazado, difamado» y «hostigado», informaron este sábado fuentes judiciales.

Se trata del juez de Garantías 5, Julián Busteros, a quien la Cámara de Apelaciones de Quilmes le solicitó ésta semana que «dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho» respecto al delito de «privación ilegal de la libertad agravada por haber durado más de un mes y por ser cometida con violencia», del cual fue imputado el comisario mayor Francisco Centurión, en perjuicio de Escalante (26).

En agosto, Busteros dictó la prisión preventiva para Centurión pero por el delito de «sustracción de caudales públicos», por considerar que las maniobras que la fiscalía le imputó al policía «se acercan más a la figura de encubrimiento que en la presente no resulta punible», ya que uno de los principales acusados es su hijo Cristian, actualmente preso junto a su primo Maximiliano.

Esta decisión motivó una manifestación al día siguiente frente a la sede del juzgado por parte de familiares y amigos de Escalante, en reclamo de justicia y para terminar con la «corrupción».

En un fallo de 5 páginas, al que tuvo acceso Télam, el juez Busteros resolvió este viernes excusarse «de intervenir» en el expediente y lo remitió a la sede de la Secretaría de Sorteos de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal Departamental para que se designe un nuevo Juzgado.

«A lo largo del proceso he sido amenazado, difamado, hostigado en los medios de comunicación, locales y nacionales, en las redes sociales y mediante carteles en la vía pública», argumentó el magistrado.

Es que, entre otras cosas, en la manifestación fueron colgadas banderas con inscripciones como «¿Otra vez te equivocaste inútil? ¿Cuánto te pagan por encubrir asesinos?» y «Nos falta uno, nos falta Lucas».

«Frente a la necesidad de reeditar el acto procesal no parece aventurado suponer que las manifestaciones contra el subscripto serán similares o que el clima de violencia moral que vengo sufriendo se verá incrementado», sostuvo el juez.

En ese sentido, continuó: «Esta situación de temor por mi integridad física, la del personal que presta funciones en la sede del juzgado (que cuenta solamente con una custodia durante el horario judicial) resulta un caso de gravedad suficiente para tener por configurada la causal de excusación prevista en el inciso 13 del art. 47 del C.P.P.».

Al respecto, Guillermo Dieguez, abogado que representa a la familia de Escalante como particular damnificado en la causa, dijo a Télam que el fallo de Busteros «es un mamarracho jurídico y vergonzoso».

Desaparición y crimen

Escalante fue visto por última vez el viernes 9 de diciembre de 2022 en la localidad de Bosques, de Florencio Varela, cuando pasó a buscar a Morello para salir a festejar el triunfo de la Selección Argentina ante Países Bajos por las semifinales del Mundial de Qatar a bordo de un auto BMW que al día siguiente apareció incendiado.

El cuerpo de Morello fue encontrado cerca de las 21.30 del jueves 15 a la vera de la autopista en construcción Buen Ayre, en Guernica, partido de Presidente Perón, recostado boca abajo, «semicalcinado y en avanzado estado de descomposición» y, según la autopsia, la muerte se produjo por «asfixia mecánica».

► Lucas Escalante y Lautaro Morello.

El último destino en el que quedó acreditado que estuvieron los dos amigos, en base a la declaración de testigos y por el análisis de antenas de celular y cámaras de seguridad, fue la casaquinta del comisario mayor Centurión, en La Capilla.

Si bien el móvil del hecho aún no está esclarecido, una de las hipótesis que se investiga es que Cristian y Maximiliano Centurión le ofrecieron como anzuelo a las víctimas los vales de nafta gratuitos que tiene la policía bonaerense para abastecer los móviles de combustible.

En el marco de la causa continúan los rastrillajes en distintas zonas de la zona sur del conurbano bonaerense, ordenados por el fiscal Ichazo y llevados a cabo por agentes, perros rastreadores, Defensa Civil y Bomberos de la Policía Federal Argentina (PFA).