Desde temprano, más de 1.000 efectivos de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal apostados en las inmediaciones de un Congreso totalmente vallado, hicieron presagiar una jornada difícil. El uso posterior de la fuerza para contener y repeler a una masiva manifestación contra el proyecto de reforma previsional, superó las sospechas, y a la violencia en las calles le sucedió el escándalo en el recinto, donde el oficialismo decidió levantar la sesión después de poco más de media hora de haberla iniciado, con un quórum de dudosa conformación.

A las 14, la hora de la convocatoria a la sesión para tratar la cuestionada reforma a las jubilaciones, empezaron los primeros gases lacrimógenos, balas de goma, golpes y empujones por parte de la policía contra los manifestantes y algunos diputados, a los que se les impedía el acceso al recinto.

Lo adelantó tres minutos antes un tuit tan cortito como contundente de la cronista de radio Continental, Marcela Ojeda. Decía así:

En la cámara baja, las cosas no fueron mejor: hubo gritos, insultos y forcejeos. Y quedó envuelto en dudas el verdadero motivo por el cual el oficialismo resolvió levantar la sesión.

Desde Cambiemos, la diputada Elisa Carrió lo atribuyó al clima de violencia: «Lo peor que puede hacer una Cámara de Diputados es sesionar en este ambiente de violencia que no ha sido generado por el interbloque de Cambiemos», dijo, y le pidió al presidente de la cámara, Emilio Monzó, “que levante esta sesión escandalosa”, hecho que finalmente ocurrió, con aplausos y festejos de parte de los diputados opositores que corearon “¡jubilados, jubilados!”.

Desde los legisladores de la oposición, la versión es otra muy distinta: el oficialismo no habría reunido el quorum necesario para sesionar, que requería de 129 diputados presentes. En rigor, el tablero electrónico del recinto sí marcó 129 legisladores durante unos pocos segundos, pero habría sido con un viejo ardid: sentar a dos diputados que no habían jurado. Y así lo expresó en un tuit el diputado del Frente Renovador, Felipe Solá.

Uno de esos diputados que aún no habían jurado, es el oficialista Jorge Enriquez, quien será el reemplazante de la diputada electa, pero impugnada por Carrió, Joana Piccetti.

La oposición también alegó razones reglamentarias para el levantamiento de la sesión: la convocatoria a sesionar había pasado por seis minutos la media hora reglamentaria cuando Monzó dijo que se había llegado al quorum.

Precisamente cuando se habían cumplido los 30 minutos de plazo, la diputada Victoria Donda le gritó “Que se levante la sesión, que se levante la sesión”, al Presidente de la Cámara. Y agregó: “Este operativo que llevaron adelante es perverso, así lograron reprimir a la gente y golpear a dos legisladores. ¿Querés venir a ver mi pierna, a ver qué es lo que pasa?”, expresó Donda, en referencia a incidentes ocurridos ayer, mientras se incorporaba de su asiento y mostraba que estaba en muletas. “Esto pasa porque no quieren que defendamos a los diputados y a los pobres. ¡Que se levante la sesión!”, exclamó.

https://youtu.be/EEF1zYT0Jkk

 

El diputado santafesino Agustín Rossi fue uno de los legisladores que tomó la palabra inmediatamente después de confirmarse el levantamiento de la sesión que iba a tratar la reforma previsional en el Congreso de la Nación.

Haber tomado la decisión de levantar la sesión fue lo único racional que hizo Cambiemos en este proceso. Ni política ni reglamentariamente se podía llevar adelante todo esto”, manifestó en diálogo con la prensa.

Sobre los episodios en las inmediaciones del Congreso, el legislador contó que “a mí me tiraron gas. A dos compañeros diputados (Mayra Mendoza y Darío Martínez) la represión los llevó a la enfermería. Las condiciones que generó el Gobierno para debatir esta ley no corresponden a un estado democrático”.

No obstante criticar duramente lo sucedido, Rossi admitió que “estamos contentos porque hoy evitamos que se cometa una injusticia para los jubilados y pensionados de la Argentina”.

El proyecto

El proyecto de reforma previsional contiene algunos aspectos polémicos que motivaron severos cuestionamientos, en especial en lo que atañe al cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria, que implica en los hechos un recorte mensual promedio de casi 700 pesos para cada jubilado.

De acuerdo al dictamen -que pese a las duras resistencias se mantiene idéntico al texto aprobado en el Senado-, el sistema para el cálculo de los haberes dejará de tomar en cuenta, como uno de sus componentes, a la recaudación del fisco, y será reemplazado por otra fórmula que contempla en un 70 por ciento la variación de precios al consumidor que elabora mes a mes el INDEC, y en un 30 por ciento la evolución salarial por índice RIPTE.

También prevé un adicional anual del 5% de la evolución del Producto Bruto, que en lo concreto no varía prácticamente la suma a cobrar por los jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

Es decir que si el PBI crece, por ejemplo, un 4%, el adicional que se pagará por única vez en el año sería de apenas el 0,2%.

Además, el ajuste de los haberes pasará a ser trimestral y no semestral como sucede con el método vigente.

Otro aspecto que despierta objeciones es el criterio que permitirá extender de manera optativa la vida laboral activa hasta los 70 años.