A menos de dos semanas para las elecciones legislativas Cristina Fernández  Kirchner dio una conferencia de prensa en el Instituto Patria, tras el pedido del Juez federal Claudio Bonadío para prestar declaración indagatoria por presunto encubrimiento en el atentado a la AMIA.

La ex presidenta y candidata de Unidad Ciudadana consideró que la decisión del juez que la citó a declarar el 26 de octubre, cuatro días después de las elecciones legislativas, “es el primer acto de campaña» y dijo que “sirve a los intereses políticos del Gobierno y del presidente Macri”.

«El juez Bonadío acata los requerimientos del Presidente Macri, nos llama a indagatoria ayer sobre un hecho que no es judiciable, y donde él tuvo participación, y fuera apartado de la causa por ese hecho», sostuvo Cristina y advirtió que con esa decisión del magistrado se «vulneran todas las garantías constitucionales».

«El Presidente tiene una lista negra y yo la debo encabezar. No me queda más que pensar que se trata de un eufemismo de los que tendríamos que desaparecer de la Argentina para que el país no tuviera problemas», disparó la candidata a senadora nacional, a cuyo criterio «el Poder Judicial actúa casi como una fuerza de tareas del Poder Ejecutivo».

 

Sobre la situación del país, la ex mandataria sostuvo que “existe un marco económico y social complejo, una inflación que no se puede controlar y una desocupación creciente», además de una «concentración de poder inédita y peligrosa para la República».

La candidata de Unidad Ciudadana también denunció un “grave deterioro de la calidad democrática de la Argentina» al sostener que ”la Gendarmería nacional ha adquirido una presencia en las decisiones, casi antidemocrática».

En el mismo sentido, también destacó que “tenemos organismos internacionales reclamando por Milagro Sala y un silencio por parte del Estado Nacional», además de una “criminialización y estigmatización de las organizaciones sociales».

Y al hacer referencia sobre Santiago Maldonado, dijo que «el tema es cómo reacciona el Presidente y los ministros frente al tema. Esto es más grave porque la violación de un derecho por parte de las fuerzas es peor cuando el Estado, en lugar de colocarse del lado de la familia del ciudadano desaparecido, no solamente justifican y ocultan sino que se lanza una feroz campaña para demonizar al desaparecido».