La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso la apertura del teléfono entregado por el diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman, en el marco de la causa en la que se investiga el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

«Habrá de ordenarse la extracción de la información y comunicaciones contenidas en el interior del teléfono celular marca Apple, modelo Iphone A2890, apagado sin inscripciones, color negro, en buen estado de conservación», sostuvo la magistrada en la resolución a la que accedió Télam.

«Conforme los lineamientos trazados por el Superior, la extracción ‘deberá limitarse a un acotado y prudente lapso temporal – abarcado desde el 01/07/22 al 10/05/23- y enmarcarse estrictamente al análisis del contenido relevante en torno a los hechos ventilados en la presente causa, debiendo preservarse toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso'», detalló la jueza.

La expectativa de que pueda hallarse información útil para la causa en el teléfono de Milman -exjefe de campaña de Patricia Bullrich- es baja, ya que se trata de un dispositivo que adquirió después que ocurrió el atentado, remarcaron los abogados de la querella, que reclamaron a la Justicia que se secuestren los teléfonos que tenía en la fecha del hecho.

«Corresponde secuestrar inmediatamente todos los dispositivos electrónicos en poder del diputado», reclamaron los abogados Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira en un escrito que presentaron el 5 de octubre último y que está a evaluación de la Cámara Federal porteña.

En aquel escrito, la querella expuso que el dispositivo que entregó el diputado a la Justicia «sólo aparecía como vinculado con la línea de Milman a partir del 18 de noviembre de 2022», una fecha posterior a la del atentado ocurrido el 1 de septiembre de ese año.

«Esta fecha, además, es coincidente con el momento en que (su secretaria) Ivana Bohdziewicz situó (en declaración testimonial ante la Justicia) la maniobra de ocultamiento de información de Milman y su perito», remarcaron los abogados.

«Marcamos, además, que el dispositivo entregado por Milman es de un modelo que salió a la venta con posterioridad al atentado (iPhone 14 Pro Max) y que no puede ser abierto con la tecnología disponible actualmente, sin que se conozca la clave (que Milman no aportó)», sostuvieron.

La decisión de la jueza Capuchetti explicita que se debe realizar la «extracción de la información y comunicaciones» del celular del diputado nacional de Juntos por el Cambio, quien entregó un aparato adquirido luego del ataque, por lo que la querella ya reclamó a la Justicia que se secuestren los teléfonos que tenía en la fecha del hecho.

La denominada «pista Milman» se inauguró el 23 de septiembre del año pasado: esa tarde un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que ocurriera.

«Cuando la maten yo estoy camino a la costa», fue la frase que Abello dijo haberle escuchado decir a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto, cuando el legislador se encontraba acompañado de dos asesoras que ya declararon en el expediente y negaron que esa frase haya sido pronunciada.

La orden del secuestro del teléfono del diputado se dispuso tras la declaración de una asesora de Milman (Bohdziewicz) que contó ante la Justicia que había sido convocada por el entorno del legislador para eliminar la información de su teléfono celular.

La orden del secuestro del teléfono del diputado se dispuso tras la declaración de una asesora de Milman (Bohdziewicz) que contó ante la Justicia que había sido convocada por el entorno del legislador para eliminar la información de su teléfono celular.

La trama principal de la causa ya fue elevada a juicio oral y público: están imputados y detenidos Fernando Sabag Montiel -el joven que gatilló una pistola cargada frente a la cara de la Vicepresidenta- y su novia Brenda Uliarte, ambos sindicados como coautores de la tentativa de homicidio.

En ese expediente está imputado como partícipe secundario el jefe de Sabag Montiel y Uliarte en la venta de copos de azúcar, Gabriel Carrizo, quien también se encuentra detenido.