Distintas asociaciones de consumidores se unieron para hacer una presentación judicial que intente frenar el fuerte aumento en el gas decretado por el Gobierno para que las empresas «compensen el desfasaje de la devaluación«.
La presidenta de la Federacion de Mutuales para la Defensa Organizada del Consumo (FEMUDECO), Inés Bienati, encabeza la propuesta: «La situación es desesperante para todos los ciudadanos», sentenció.
Según detallaron, más de 30 asociaciones se presentarán para frenar el nuevo aumento avalado por el presidente de la nación, donde se cobrará un valor extra en 24 cuotas mensuales, como medida por el aumento del dólar.
«Estamos en comunicación con otras organizaciones y estamos en total desacuerdo con la determinación», asegura Bienati, que también toma como factor determinante a la Justicia para tener éxito en el reclamo.
«Es una barbaridad. Si ya la gente no podía pagar, no quiero imaginar ahora, que hay que abonar un dineral. Hay gente que la está pasando mal. Esto no sólo afecta a los más vulnerables, también a la clase media que ha quedado sin trabajo o tiene un solo empleo», consideró la presidenta de FEMUDECO.
En tanto, Cristian Galindo, de la Red Argentina de Consumidores sostuvo que «esto es un aumento encubierto, ya se debatió en audiencias de 2016 cuando Aranguren era Ministro»
Por su parte, siempre dentro del mismo reclamo, la asociación Consumidores Libres calificó a la resolución de la Secretaría de Energía de «absolutamente abusiva, arbitraria, inconstitucional, y claramente confiscatoria». Héctor Polino, representante legal, consideró que «los usuarios no tienen que hacerse cargo de los problemas derivados de la devaluación del peso».
RECLAMO AL CONGRESO NACIONAL DEROGAR LA RESOLUCIÓN DE LA SECRETARIA DE ENERGÍA QUE AUTORIZA COBRAR A LOS USUARIOS EN 24 CUOTAS Y CON INTERÉS, LA DIFERENCIA DEL PRECIO DE GAS EN BOCA DE POZO, POR CONSIDERARLA ABUSIVA, ARBITRARÍA, INCONSTITUCIONAL #CONG https://t.co/vy13a6qVLG pic.twitter.com/Mtvn83PXws
— Héctor Polino (@hectorpolino) October 5, 2018
«El Congreso nacional debe tomar cartas en el asunto, dejando sin efecto la resolución porque la provisión del gas natural es un servicio público esencial que debe llegar a la totalidad de los habitantes del país», cerró.