La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires presentó denuncias contra 73 empresas por apropiación indebida de impuestos, un delito tipificado en el régimen penal tributario que contempla condenas de prisión de entre 2 y 6 años.

Según explicó Gastón Fossati, director de ARBA, «estas firmas actuaban como agentes de recaudación del fisco bonaerense, es decir que debían percibir o retener fondos de otros contribuyentes como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos».

«En los hechos, las empresas retenían ese dinero a los contribuyentes, pero luego no lo ingresaban en ARBA. De esa forma, se apropiaron indebidamente de impuestos por un monto que, en conjunto, supera los $102 millones», detalló Fossati.

Entre las empresas denunciadas hay frigoríficos, compañías dedicadas al transporte, reconocidas marcas de productos alimenticios  enlatados y avícolas, entre otros. Además se realizaron denuncias a personas físicas que fraguaron documentación para llevar adelante el delito.

Las denuncias penales fueron presentadas por la Agencia de Recaudación durante el último año en distintos departamentos judiciales de la Provincia, conforme al domicilio donde desarrolla su actividad cada una de las empresas.

Según la Provincia, fue clave un convenio firmado por ARBA y la Procuración bonaerense, mediante el cual se promovió la realización de programas de capacitación para agentes públicos de ambos organismos, así como la modernización de procesos, coordinación de acciones y el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos.

Además, la Agencia de Recaudación puso en funcionamiento una dependencia específica dentro del área de Asuntos Jurídicos y redefinió sus procedimientos para dinamizar las denuncias. Según puntualizó Fossati, “estos cambios nos posibilitaron quintuplicar durante el último año los montos reclamados en el marco de delitos tributarios, y agilizar de esa forma la restitución de recursos que pertenecen a todos los vecinos de la Provincia”.

Como parte de la labor que realizan en equipo, ARBA y la Procuración bonaerense intercambian mediante herramientas digitales la información de índole patrimonial, financiera, impositiva y comercial vinculada a personas físicas y jurídicas que se encuentran sujetas a investigación, observando siempre los principios legales que reglan el secreto fiscal.

También comparten un sistema de alertas para identificar indicios de posibles delitos tributarios que se encuadren dentro del régimen penal previsto por la Ley Nacional N° 27.430, que fue sancionada por el Congreso a fines del año pasado.